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En el 2019, un trabajador sufrió un infarto a tan solo diez minutos de fichar el inicio de su jornada laboral. El incidente ocurrió en los vestuarios del centro de trabajo mientras el trabajador se preparaba para ponerse las botas del uniforme. Desafortunadamente, el infarto causó la muerte del empleado, a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos para reanimarlo. Tras este suceso, la viuda del trabajador presentó una demanda contra la empresa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Mutua, con el objetivo de que el infarto fuera considerado un accidente laboral. El caso, que ha recorrido varias instancias judiciales, ha sido finalmente resuelto por el Tribunal Supremo, que ha fallado en favor de la empresa, rechazando la calificación del infarto como un accidente laboral. A continuación, analizaremos en detalle los aspectos legales y la jurisprudencia que han llevado a esta decisión judicial. La sentencia inicial: desestimación de la demanda El primer tribunal en examinar el caso fue el Juzgado de lo Social Nº1 de Menorca, que desestimó la demanda interpuesta por la viuda del trabajador. Según la sentencia de este juzgado, el infarto no podía considerarse un accidente laboral, ya que el trabajador no había comenzado su jornada laboral en el momento del suceso. Aunque el trabajador se encontraba en el centro de trabajo, ni había fichado ni había comenzado a realizar sus tareas laborales. Este razonamiento se basó en la interpretación de que el infarto ocurrió antes de que el trabajador iniciara efectivamente su actividad laboral, lo que excluía la calificación como accidente de trabajo. De este modo, el Juzgado de lo Social estimó que el trabajador no estaba en «tiempo de trabajo» en el momento del infarto, lo que descartaba la posibilidad de calificarlo como un accidente laboral. El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares No conforme con la decisión del Juzgado de lo Social, la viuda del trabajador presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). En esta segunda instancia, los magistrados adoptaron una postura diferente y, en su fallo, resolvieron que el infarto sí debía calificarse como accidente laboral. El tribunal argumentó que, aunque el trabajador no había fichado aún, se encontraba en los vestuarios de la empresa y estaba en proceso de ponerse las botas del uniforme, lo que indicaba una actividad propia del inicio de la jornada laboral. En este sentido, el TSJIB consideró que el trabajador estaba en el lugar y momento adecuado para que el incidente se calificara como un accidente laboral, a pesar de no haber iniciado oficialmente su jornada de trabajo. Los magistrados concluyeron que el hecho de estar en el centro de trabajo y en el proceso de preparación para el inicio de su actividad laboral era suficiente para considerar que el infarto estaba relacionado con su trabajo. La resolución final del Tribunal Supremo El caso finalmente llegó al Tribunal Supremo, que debió resolver la contradicción entre las sentencias emitidas en las distintas instancias judiciales. En su resolución, el Supremo dictó la sentencia 724/2024 de fecha 22 de mayo, en la que falló a favor de la empresa y desestimó la calificación del infarto como accidente laboral. La decisión se basó en varios factores clave: 1.      El concepto de «Tiempo de Trabajo» El Tribunal Supremo consideró que el infarto no ocurrió «en tiempo de trabajo», un término legalmente preciso que, según el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, hace referencia al momento en que el trabajador comienza a realizar su actividad laboral, ya sea de manera física o intelectual. En este caso, el trabajador no había comenzado su jornada laboral ni estaba realizando ninguna tarea vinculada a su empleo en el momento del infarto. 2.      La Sentencia de Contraste El Supremo también destacó la existencia de una sentencia de contraste, emitida en 2006, que resolvía un caso similar, pero en el que se concluyó que el infarto no debía considerarse accidente laboral debido a que ocurrió antes del inicio de la jornada de trabajo. En este caso, se consideró que la presencia en los vestuarios no era suficiente para calificar el infarto como un accidente laboral. 3.      El estado de Salud del Trabajador Otro factor relevante fue el estado de salud del trabajador. El informe médico indicó que el trabajador padecía una miocardiopatía desde 2007, y en su última revisión médica, realizada en 2018, se había registrado un empeoramiento de su condición. Esto permitió al Tribunal Supremo concluir que la causa del infarto estaba más relacionada con la enfermedad previa del trabajador que con las condiciones laborales. 4.      El contexto legal La resolución también se apoyó en el artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo son consideradas accidentes laborales, salvo prueba en contrario. En este caso, el Supremo concluyó que no se cumplían los requisitos legales para considerar el infarto como un accidente laboral, ya que no se había iniciado la jornada laboral. La importancia de la asesoría legal en casos de accidentes laborales Este caso subraya la complejidad de los accidentes laborales y la necesidad de contar con un asesoramiento legal especializado en situaciones que involucran la calificación de incidentes como accidentes de trabajo. La jurisprudencia, los criterios de interpretación y los detalles específicos de cada caso son fundamentales para determinar si un accidente debe ser considerado laboral o no. En este contexto, contar con un bufete de abogados con experiencia en derecho laboral es esencial para garantizar que los derechos de los trabajadores sean protegidos adecuadamente. En Valero Bielsa Abogados, nuestro equipo de profesionales está especializado en la defensa de los derechos de los trabajadores y las empresas, proporcionando un servicio legal completo y personalizado. Si se encuentra en una situación similar o necesita asesoramiento en temas relacionados con accidentes laborales, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle a obtener la mejor resolución

El pasado 14 de enero de 2025, el Tribunal Supremo dictó una sentencia relevante en materia de responsabilidad civil y seguros en accidentes de tráfico. La resolución aborda el proceso judicial para determinar la indemnización correspondiente a una víctima que sufrió lesiones en un accidente de autobús y falleció antes de que se fijara definitivamente la cuantía compensatoria. En este artículo, te contamos todo sobre el desarrollo del caso y la sentencia final. Desarrollo del caso Primera instancia El proceso se inició tras un accidente ocurrido en 2016, cuando un pasajero de un autobús resultó lesionado debido a una frenada brusca. La víctima presentó una demanda contra la aseguradora del vehículo, solicitando una indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, antes de la resolución definitiva del caso, el demandante falleció por causas ajenas al accidente, lo que llevó a sus herederos a continuar con la reclamación. El Juzgado de Primera Instancia falló parcialmente a favor de la parte demandante, condenando a la aseguradora al pago de una indemnización de 119.680,95€ sin imposición de costas. Segunda instancia La aseguradora apeló la decisión ante la Audiencia Provincial, argumentando que la indemnización debía ajustarse al artículo 45 del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCSCVM). Este percepto establece que si, un lesionado fallece antes de que se determine su indemnización definitiva, sus herederos solo pueden recibir una compensación ajustada al tiempo transcurrido entre la estabilización de sus lesiones y su fallecimiento. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso, reduciendo la indemnización a 112.680,95€ al considerar una menor cuantía en el perjuicio personal particular. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo Ante esta decisión, la aseguradora interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, insistiendo en la aplicación del artículo 45 del TRLRCSCVM. El Tribunal Supremo, tras analizar el caso, resolvió que la indemnización debía calcularse bajo los siguientes criterios: Daño inmediato: un 15€ del perjuicio personal básico. Perjuicio personal proporcional al tiempo transcurrido: ajustando la compensación conforme al número de días entre la estabilización de las lesiones y el fallecido. Gastos médicos: mantenimiento de los importes acreditados.  Con base en esta metodología, el Tribunal Supremo redujo la indemnización a 62.055,67€, subrayando que la compensación no podía basarse en expectativas de vida futuras no cumplidas. Implicaciones de la sentencia Esta decisión del Tribunal Supremo establece un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 45 del TRLRCSCVM. Determina que, en casos donde la victima fallece antes de la fijación de la indemnización definitiva, la cantidad a percibir por sus herederos debe reflejar el tiempo real del perjuicio sufrido, evitando cálculos basados en expectativas vitales futuras. El fallo recuerda la seguridad jurídica en materia de responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico y aclara la aplicación del baremo de indemnizaciones. En Valero Bielsa Abogados, estamos atentos a las novedades jurisprudenciales en responsabilidad civil y seguros para ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento en sus reclamaciones legales.

En la actualidad, los matrimonios de convivencia son cada vez más frecuentes y, a menudo, se confunden con el matrimonio tradicional. Este tipo de relaciones, conocidas como uniones de hecho, tienen implicaciones legales y fiscales que pueden generar confusión. En este artículo, vamos a profundizar en qué son los matrimonios de convivencia, cómo detectarlos y las consecuencias legales que pueden derivarse de esta modalidad de convivencia. ¿Qué es un matrimonio de convivencia? Un matrimonio de convivencia es una relación de pareja en la que dos personas, sin necesidad de pasar por una ceremonia oficial de matrimonio, viven juntas y comparten su vida como si estuvieran casadas, pero sin registrar formalmente su unión ante las autoridades. A menudo, este tipo de relación se denomina también unión de hecho o pareja de hecho, aunque cada comunidad autónoma tiene sus normativas específicas sobre cómo se regula y se reconoce este tipo de convivencia. A pesar de que el concepto de matrimonio de convivencia se asocia generalmente con parejas heterosexuales, las uniones de hecho pueden ser igualmente reconocidas en el caso de parejas del mismo sexo. Para que se reconozca legalmente esta relación, generalmente se requieren ciertos requisitos, como la convivencia durante un determinado número de años o la firma de un acuerdo formal ante un notario. ¿Cómo se detecta un matrimonio de convivencia? Aunque los matrimonios de convivencia no están registrados como matrimonios tradicionales, existen diversas formas de detectarlos, principalmente a través de ciertos comportamientos y circunstancias que pueden indicar la existencia de una relación de convivencia estable. Algunas señales incluyen: Residencia común: Uno de los primeros indicadores de un matrimonio de convivencia es que ambas personas residen en el mismo domicilio de forma continua, sin la intención de separarse. Dependencia económica: Las parejas de hecho suelen tener una relación de dependencia económica, es decir, comparten los gastos del hogar y se apoyan mutuamente en términos financieros. Participación en eventos familiares y sociales: Las parejas de convivencia suelen ser reconocidas como tales por sus amigos, familiares y círculos sociales. Participan juntas en eventos, se presentan como pareja ante terceros y tienen una relación pública. Acuerdos legales: En muchas comunidades autónomas, las uniones de hecho deben registrarse ante un registro oficial para obtener derechos y beneficios legales similares a los de los matrimonios. En este caso, el registro puede ser una prueba fehaciente de que existe un matrimonio de convivencia. Reconocimiento de derechos: Si una persona está recibiendo pensiones o beneficios de salud del otro miembro de la pareja, es probable que la relación haya sido reconocida como matrimonio de convivencia. Este tipo de situaciones legales pueden ayudar a detectar este tipo de uniones. Consecuencias legales de los matrimonios de convivencia Aunque los matrimonios de convivencia no tienen el mismo marco legal que los matrimonios tradicionales, existen varias consecuencias legales que deben tener en cuenta las parejas en este tipo de uniones. Entre las principales consecuencias se encuentran: Derechos sucesorios En términos de herencias, las parejas de hecho no tienen los mismos derechos que los matrimonios formales. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas, si la pareja ha registrado su relación ante el registro de uniones de hecho, pueden adquirir ciertos derechos sucesorios. Esto implica que, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro podría tener derecho a una parte de la herencia, aunque con limitaciones en comparación con los matrimonios civiles. División de bienes Uno de los mayores retos legales que enfrentan las parejas de hecho en caso de separación es la división de bienes. A diferencia de los matrimonios, que suelen estar sujetos a un régimen económico determinado (como la sociedad de gananciales), las parejas de convivencia no tienen una normativa unificada que regule cómo se dividen sus propiedades. En algunos casos, las parejas pueden acordar cómo distribuir sus bienes en caso de ruptura, pero si no hay acuerdo previo, los tribunales deberán intervenir para determinar el reparto de los bienes adquiridos durante la convivencia. Derechos de pensión y seguridad social En cuanto a la seguridad social, las parejas de hecho que están registradas en el correspondiente registro de uniones de hecho pueden obtener ciertos derechos, como las pensiones de viudedad o la cobertura en el sistema de salud. Sin embargo, este reconocimiento varía dependiendo de la legislación de cada comunidad autónoma y de la legislación nacional. Derechos fiscales Las parejas de hecho no disfrutan de los mismos beneficios fiscales que los matrimonios formales. Por ejemplo, no pueden presentar su declaración de impuestos de forma conjunta, lo que puede resultar en una mayor carga fiscal en comparación con las parejas casadas. No obstante, algunas comunidades autónomas permiten que las parejas de hecho presenten la declaración conjunta en situaciones específicas. Derechos en caso de ruptura En caso de ruptura, las parejas de hecho no cuentan con un marco legal tan definido como los matrimonios tradicionales. Por ejemplo, en algunos casos, no se aplican los mismos criterios para la pensión compensatoria o la custodia de los hijos. Si no hay un acuerdo formal sobre la convivencia, puede ser necesario recurrir a los tribunales para resolver la situación, lo que puede resultar en un proceso largo y costoso. ¿Cómo protegerse en una relación de convivencia? Es fundamental que las parejas de convivencia tomen medidas para proteger sus derechos legales. Una opción recomendable es firmar un acuerdo de convivencia o un contrato de pareja de hecho. Este documento puede regular aspectos como la distribución de bienes, los derechos sucesorios y otros acuerdos importantes en caso de ruptura. Además, en algunas comunidades autónomas, registrar la unión de hecho proporciona ciertos beneficios, como el acceso a pensiones y otros derechos legales. Por lo tanto, es recomendable informarse sobre las leyes locales y considerar la opción de formalizar la relación legalmente. Asesoramiento legal con Valero Bielsa Abogados Si tienes dudas sobre tus derechos en un matrimonio de convivencia o en una unión de hecho, el bufete de abogados Valero Bielsa puede ayudarte a comprender las implicaciones legales de tu situación. Con años de

En el ámbito jurídico, el concepto de simulación en los contratos y documentos tiene una relevancia considerable. Existen varias situaciones en las cuales las partes implicadas en un contrato o acuerdo pueden recurrir a la simulación, ya sea para ocultar la verdadera intención detrás de la firma de un documento o para eludir ciertas consecuencias legales o fiscales. A continuación, vamos a explicar en qué consiste la simulación de documentos y contratos, las diferencias entre el documento y el contrato simulados, y qué implica cada uno de estos conceptos desde el punto de vista legal. ¿Qué es la simulación de documentos y contratos? La simulación se refiere al acto de crear un documento o contrato que parece ser real a simple vista, pero que en realidad no refleja la verdadera voluntad de las partes involucradas. La simulación puede adoptar diversas formas, y puede tener diferentes objetivos, tales como eludir impuestos, evadir responsabilidades legales, o engañar a terceras partes. En cuanto a los contratos, la simulación puede dividirse en dos tipos principales: la simulación absoluta y la simulación relativa. Ambos tipos implican una distorsión de la realidad, pero con matices diferentes. Entender estas distinciones es esencial para cualquier persona involucrada en una disputa legal que implique contratos simulados o documentos falsificados. Documento simulado: definición y características Un documento simulado es aquel que se redacta con la intención de aparentar un acto jurídico real, cuando en realidad no existe tal acto. Este documento no tiene efectos legales ya que no refleja la voluntad de las partes de manera genuina. La simulación de un documento puede ocurrir en diversas circunstancias, tales como: Falsificación de firma o datos: Puede tratarse de un documento que ha sido alterado o creado de manera falsa, como una firma que no corresponde a la persona que supuestamente la firmó. Actos no realizados en la práctica: Un ejemplo de un documento simulado sería cuando se elabora un contrato de compraventa de una propiedad, pero la venta nunca se realiza y las partes solo están utilizando el contrato para dar apariencia de legalidad a la transacción. El objetivo detrás de la simulación de un documento suele ser eludir ciertos derechos o cargas legales. Este tipo de simulación puede ser difícil de detectar a simple vista, pero si se logra demostrar que el documento fue elaborado de manera falsa, el mismo será considerado nulo y sin valor jurídico. Contrato simulado: concepto y diferencias con el documento simulado Por otro lado, un contrato simulado implica la existencia de un acuerdo entre las partes, pero las condiciones y efectos establecidos en el contrato no son los verdaderos. En este caso, las partes pretenden hacer creer que han celebrado un contrato válido y efectivo, pero en realidad, el contrato no refleja las verdaderas intenciones de las partes. Existen dos tipos de contrato simulado: Simulación absoluta: En este caso, las partes no tienen ninguna intención de celebrar el contrato que se refleja en el documento. El contrato es completamente ficticio. No existe un acuerdo real, y las partes simplemente están utilizando el contrato como una fachada para ocultar otros actos o para evitar ciertas responsabilidades legales o fiscales. Simulación relativa: En este tipo de simulación, las partes sí tienen la intención de celebrar un contrato, pero con condiciones diferentes a las que figuran en el documento. Es decir, aunque se firma un contrato, las partes han acordado algo distinto en la práctica. Este tipo de simulación suele emplearse para ocultar la verdadera naturaleza de una transacción, como en el caso de la venta de un bien a un precio mucho más bajo para evitar el pago de impuestos o para disfrazar una operación que, en realidad, no se ha realizado. La diferencia fundamental entre el contrato y el documento simulados radica en que, en el contrato simulado, las partes pretenden crear una relación jurídica ficticia con consecuencias legales, mientras que en el documento simulado, ni siquiera se intenta crear una relación jurídica real, sino que simplemente se redacta un documento que aparenta reflejar una transacción o acuerdo. Consecuencias legales de la simulación La simulación en cualquiera de sus formas puede tener serias repercusiones legales. Si se demuestra que un contrato o documento ha sido simulado, las consecuencias pueden ser las siguientes: Nulidad del acto simulado: En general, los contratos o documentos simulados serán declarados nulos. Esto significa que el acto o transacción que se pretendía llevar a cabo no tendrá efectos legales. Sanciones económicas y fiscales: En el caso de simulación para evadir impuestos, las partes pueden enfrentarse a sanciones fiscales y económicas, incluyendo el pago de multas y el recargo de los impuestos que se intentaron eludir. Reclamaciones de terceros: Si un documento simulado o un contrato simulado afecta a un tercero que de buena fe haya basado su actuación en ese acuerdo, este tercero podrá reclamar daños y perjuicios. Responsabilidad penal: En casos de fraude o falsificación de documentos, los responsables pueden enfrentarse a cargos penales. ¿Cómo detectar un documento o contrato simulado? Detectar la simulación en un contrato o documento puede ser complicado, pero existen algunas señales que pueden ayudar a identificarla: Desajuste entre la firma y la práctica: Si el comportamiento de las partes no coincide con lo que se establece en el contrato, puede ser una señal de simulación. Por ejemplo, si se firma un contrato de compraventa de una propiedad pero la transacción nunca se lleva a cabo, puede tratarse de un contrato simulado. Incoherencia con los hechos: En los contratos simulados, los términos y condiciones establecidos pueden no coincidir con la realidad de la relación entre las partes. Por ejemplo, una venta a un precio significativamente más bajo que el valor real de un bien puede ser un indicio de simulación relativa. Investigación de antecedentes y contexto: Revisar el contexto y los antecedentes de las partes involucradas puede ser clave para identificar posibles motivaciones para simular un contrato. En muchos casos, la simulación se utiliza con fines evasivos o fraudulentos. ¿Qué hacer en caso de simulación? Si

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ratificado recientemente una importante sentencia en la que se reconoce el derecho de una enfermera pediátrica gestante a recibir una prestación económica por riesgo durante su embarazo. Esta sentencia, que establece un precedente relevante para la protección de trabajadoras gestantes, surge a raíz de un caso en el que la demandante, quien trabajaba en la unidad de oncopediatría de un hospital, solicitó la prestación a las diez semanas de gestación. Este caso pone de relieve las implicaciones legales que enfrentan las trabajadoras embarazadas que están expuestas a riesgos laborales, especialmente en sectores donde la seguridad y la salud son de vital importancia. Contexto del caso: Riesgos en la unidad de oncopediatría La enfermera gestante, que prestaba sus servicios en la unidad de oncopediatría, se encontraba en una situación especialmente delicada debido a su exposición constante a medicamentos citostáticos biopeligrosos, sustancias utilizadas en tratamientos de quimioterapia. Estas sustancias son conocidas por sus efectos perjudiciales, no solo para los pacientes, sino también para el personal sanitario que las maneja de forma frecuente. Además, el riesgo de golpes accidentales y otros posibles peligros laborales durante su jornada laboral complicaban aún más su situación. Al llegar a las diez semanas de embarazo, la enfermera solicitó la prestación por riesgo durante el embarazo, argumentando que su exposición a estos riesgos no solo afectaba su salud, sino que también podía poner en peligro la integridad de su bebé. Sin embargo, su solicitud fue rechazada inicialmente por la Mutua Maz, que alegaba que no existían riesgos hasta la semana 34 de gestación y que la enfermera contaba con equipos de protección adecuados. Esta negativa fue un punto de conflicto, ya que la trabajadora insistía en que las condiciones de su puesto de trabajo no garantizaban su seguridad ni la de su hijo por nacer. El análisis del Tribunal: La exposición a riesgos y la protección laboral A pesar de la negativa inicial de la Mutua, el juzgado de Zaragoza primero y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón después, concluyeron que sí existían condiciones de riesgo que justificaban la solicitud de la prestación por riesgo durante el embarazo. El tribunal se basó en un informe elaborado por la Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales del hospital, que detallaba la incompatibilidad manifiesta entre las funciones de la enfermera y su puesto debido a los peligros asociados al contacto con medicamentos biopeligrosos y el riesgo de golpes durante su jornada laboral. En su fallo, la Sala de lo Social, destacó la importancia de la protección de la trabajadora gestante y, en consecuencia, la necesidad de reubicarla en un puesto sin riesgos. A pesar de que la enfermera fue finalmente reubicada en otro servicio, los tribunales consideraron que esto no eliminaba su derecho a recibir la prestación económica que había sido rechazada por la Mutua en un primer momento. Los criterios para la concesión de la prestación por riesgo Uno de los aspectos clave de este caso es el análisis realizado por el tribunal sobre los equipos de protección y su capacidad para garantizar la seguridad de la trabajadora. Aunque la enfermera contaba con medidas de protección, los tribunales concluyeron que estas no garantizaban la ausencia de riesgo en situaciones de urgencia. En este sentido, el tribunal consideró que era razonablemente exigible el cambio de puesto de trabajo para minimizar el peligro, a pesar de que no existiera un puesto vacante para la enfermera en ese momento. Este fallo es especialmente relevante porque pone de manifiesto que la protección de la salud de la trabajadora gestante debe ser prioritaria, independientemente de las dificultades operativas o la falta de puestos vacantes en el hospital. El tribunal también recordó que el interés superior del menor debe ser siempre un factor fundamental en cualquier decisión judicial relacionada con el embarazo. La exposición a riesgos laborales durante el embarazo no solo afecta a la salud de la madre, sino que puede poner en peligro el bienestar del bebé, lo que hace aún más importante la evaluación cuidadosa de las condiciones laborales. La sentencia como precedente en la protección de trabajadoras gestantes El fallo del TSJA establece un precedente importante en el ámbito de la protección de trabajadoras gestantes en entornos de riesgo, especialmente en el sector sanitario, donde el contacto con sustancias peligrosas es frecuente. La sentencia refuerza el derecho de las trabajadoras embarazadas a recibir una prestación económica por riesgo durante el embarazo cuando su puesto de trabajo implique riesgos para su salud o la de su bebé. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que se podría pensar, ya que las trabajadoras embarazadas en profesiones de riesgo, como el sector sanitario, la construcción o la industria química, deben hacer frente a circunstancias laborales que no siempre garantizan su seguridad. El fallo del tribunal refuerza la importancia de que tanto empleadores como trabajadoras conozcan y comprendan sus derechos y obligaciones en relación con la seguridad laboral durante el embarazo. El papel de un bufete de abogados especializado en derecho laboral Casos como el de esta enfermera ponen de relieve la necesidad de contar con un asesoramiento legal especializado en derecho laboral. La prestación por riesgo durante el embarazo es un derecho reconocido por la legislación española, pero la obtención de esta prestación puede resultar complicada en algunas situaciones. Por ello, contar con un bufete de abogados especializado en derecho laboral es fundamental para defender los derechos de las trabajadoras que se encuentran en situaciones similares. En Valero Bielsa Abogados, somos expertos en derecho laboral y familiar, y tenemos una amplia experiencia en la gestión de casos relacionados con la protección de trabajadoras gestantes. Si te encuentras en una situación en la que tu salud o la de tu hijo podría estar en riesgo debido a las condiciones laborales, te invitamos a contactar con nuestro equipo de abogados para que te asesoren sobre tus derechos y las mejores opciones para protegerlos. Nuestro compromiso es garantizar el bienestar y la seguridad de

En los procesos de divorcio o separación, uno de los aspectos que generan mayor controversia es la determinación del régimen de visitas y la distribución de los gastos derivados del traslado de los menores. En este artículo, analizaremos qué dice la normativa española sobre este tema, qué criterios sigue la jurisprudencia y cómo se establecen las obligaciones económicas entre los progenitores. ¿Qué son los gastos de traslado en el régimen de visitas? Cuando un progenitor no custodio tiene derecho a visitas con su hijo/a, es común que el menor deba desplazarse entre los domicilios de ambos progenitores. Estos desplazamientos pueden implicar costos significativos, especialmente si los progenitores viven en diferentes ciudades o incluso en distintos países. Los gastos de traslado pueden incluir: Billetes de transporte (avión, tren, autobús, etc.). Combustible y peajes en caso de desplazamiento en vehículo privado. Gastos de alojamiento si el traslado requiere pernoctaciones. Gastos derivados de acompañamiento del menor en determinados casos. Dado que estos costos pueden suponer una carga económica importante, es fundamental establecer con claridad cómo se reparten entre los progenitores. Marco legal en España El Código Civil español no establece una norma específica sobre la distribución de los gastos de traslado en el régimen de visitas, por lo que su asignación queda sujeta a la interpretación de los tribunales. No obstante, la jurisprudencia ha desarrollado algunos criterios clave para determinar su reparto de manera equitativa. Según el Tribunal Supremo, los gastos de traslado de los menores deben ser asumidos por ambos progenitores de manera proporcional a sus capacidades económicas y en función del interés superior del menor. Este principio busca evitar que uno de los progenitores asuma una carga desproporcionada, especialmente cuando la distancia entre domicilios es considerable. Criterios jurisprudenciales para la distribución de los gastos Los tribunales suelen seguir los siguientes criterios para establecer el reparto de los gastos de traslado: Proporcionalidad: Cada progenitor debe contribuir a los gastos en función de su capacidad económica. Causalidad: Si uno de los progenitores ha decidido unilateralmente cambiar de residencia, aumentando la distancia entre domicilios, es posible que deba asumir una mayor parte del coste del traslado. Reparto equitativo: En muchos casos, los tribunales establecen un reparto del 50% de los gastos, salvo que existan circunstancias que justifiquen otra distribución. Alternancia en los desplazamientos: En algunos casos, se establece que cada progenitor asuma los gastos del traslado cuando recoge al menor, evitando así una carga económica excesiva para una de las partes. Un ejemplo práctico se observa en diversas sentencias del Tribunal Supremo y de audiencias provinciales, que han confirmado la obligación compartida de asumir estos gastos, siempre considerando las circunstancias específicas de cada familia. La importancia de un acuerdo claro Para evitar conflictos, es recomendable que en el convenio regulador o en la sentencia de divorcio se especifique claramente cómo se asumirán los gastos de traslado. Algunas de las opciones más comunes incluyen: Establecer un reparto porcentual de los gastos en función de los ingresos de cada progenitor. Alternar los desplazamientos del menor para equilibrar los costos. Fijar un fondo común destinado a cubrir estos gastos. Incluir una cláusula de revisión en caso de cambios en la situación económica de los progenitores. ¿Qué hacer en caso de desacuerdo? Si los progenitores no logran un acuerdo sobre la distribución de estos gastos, pueden acudir a la vía judicial para solicitar una modificación de medidas. En este caso, será el juez quien determine la mejor forma de distribuir los costos, priorizando siempre el bienestar del menor. Para que la reclamación tenga éxito, es fundamental aportar pruebas que justifiquen la necesidad de modificar el régimen de gastos, como: Facturas y tickets de transporte. Justificantes de ingresos y gastos de cada progenitor. Pruebas de cambios en la residencia de los progenitores. Asesoramiento legal con Valero Bielsa Abogados En Valero Bielsa Abogados somos especialistas en derecho de familia y contamos con una amplia experiencia en la gestión de conflictos derivados del régimen de visitas y la distribución de gastos asociados. Si necesitas asesoramiento sobre cómo proceder en tu caso concreto, no dudes en contactar con nuestro equipo. Te ayudaremos a encontrar la mejor solución para garantizar el bienestar de tus hijos y proteger tus derechos como progenitor.

En el ámbito empresarial, los conflictos entre socios son más comunes de lo que parece. Diferencias de visión, discrepancias en la gestión o desconfianza pueden poner en peligro el futuro de la empresa. Sin embargo, con las herramientas legales y estrategias adecuadas, es posible resolver estas disputas de manera eficaz y preservar la estabilidad del negocio. ¿Qué origina los conflictos entre socios? Los conflictos entre socios pueden surgir por diversas razones. Algunas de las más habituales son: 1. Falta de claridad en los acuerdos iniciales En muchas ocasiones, los problemas se deben a la ausencia de un pacto de socios claro y detallado. Esto puede generar malentendidos sobre las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada socio. 2. Desacuerdos en la gestión de la empresa Diferentes visiones sobre la estrategia empresarial o la asignación de recursos pueden derivar en tensiones. Estos desacuerdos suelen intensificarse si no existe una estructura de toma de decisiones bien definida. 3. Problemas económicos La falta de liquidez, pérdidas continuadas o la distribución de beneficios pueden convertirse en puntos críticos que generan conflictos. 4. Pérdida de confianza La desconfianza entre socios, ya sea por sospechas de malas prácticas, competencia desleal o falta de transparencia, puede romper la relación y dificultar la continuidad del negocio. Soluciones legales para resolver disputas internas Existen diversas herramientas legales y estrategias que pueden ayudar a gestionar y resolver conflictos entre socios de manera efectiva. 1. Pacto de socios: la base para evitar conflictos Un pacto de socios es un documento fundamental que establece las reglas de funcionamiento de la empresa y las relaciones entre los socios. Entre otros aspectos, este acuerdo puede incluir: Roles y responsabilidades de cada socio. Procedimientos para la toma de decisiones. Mecanismos para la resolución de conflictos. Cláusulas de salida, como derechos de arrastre o acompañamiento. Un pacto de socios bien redactado no solo previene conflictos, sino que también ofrece una guía clara para resolverlos cuando surgen. 2. Mediación empresarial La mediación es una herramienta efectiva para resolver disputas sin recurrir a los tribunales. Un mediador imparcial facilita el diálogo entre las partes, ayudándolas a encontrar una solución consensuada que beneficie a ambas. Este proceso suele ser más rápido y menos costoso que un litigio. 3. Arbitraje El arbitraje es otra opción para resolver conflictos de manera extrajudicial. En este caso, un árbitro toma una decisión vinculante para ambas partes, basada en la legislación aplicable y los acuerdos existentes. Aunque es más formal que la mediación, el arbitraje sigue siendo más ágil que un procedimiento judicial. 4. Intervención judicial Si las soluciones extrajudiciales no funcionan, es posible recurrir a los tribunales. En este caso, un juez determinará la solución más adecuada para el conflicto, ya sea la disolución de la sociedad, la expulsión de un socio o cualquier otra medida que considere justa. Pasos para gestionar un conflicto entre socios A continuación, te presentamos un esquema general de cómo abordar un conflicto entre socios de manera estructurada: 1. Identificar el origen del conflicto El primer paso es analizar las causas del conflicto y determinar si se trata de un problema puntual o de una situación más compleja. Es importante recopilar toda la información relevante y, si es necesario, contar con la ayuda de un asesor legal. 2. Fomentar el diálogo Una comunicación abierta y honesta puede resolver muchos conflictos antes de que se agraven. En esta etapa, es crucial mantener un enfoque profesional y evitar ataques personales. 3. Buscar apoyo externo Si el diálogo directo no da resultados, recurrir a un mediador o asesor legal puede ser de gran ayuda. Estos profesionales actúan como intermediarios imparciales, ayudando a las partes a encontrar soluciones. 4. Evaluar las opciones legales Si las medidas anteriores no funcionan, es hora de considerar las alternativas legales disponibles, como el arbitraje o la intervención judicial. Es fundamental contar con el respaldo de un abogado especializado en derecho mercantil para garantizar que el proceso sea eficiente y justo. El papel de Valero Bielsa Abogados en la resolución de conflictos En Valero Bielsa Abogados, contamos con una amplia experiencia en la gestión de conflictos empresariales. Nuestro equipo de especialistas en derecho mercantil puede ayudarte a: Redactar y revisar pactos de socios, adaptados a las necesidades específicas de tu empresa. Asesorarte en procesos de mediación o arbitraje. Representarte en procedimientos judiciales relacionados con conflictos societarios. Nuestra prioridad es proteger los intereses de tu empresa y encontrar soluciones que favorezcan su continuidad y éxito. Sabemos que cada conflicto es único, por lo que ofrecemos un servicio personalizado y adaptado a tus circunstancias.

La planificación de la herencia es una parte esencial de la vida. Elaborar un testamento no solo permite garantizar que tus bienes se distribuyan según tus deseos, sino que también ayuda a prevenir conflictos familiares y malentendidos en el futuro. Este documento legal es una herramienta clave para proteger tanto tu patrimonio como la tranquilidad de tus seres queridos, asegurando que tu legado se gestione de manera justa y acorde a tus deseos. ¿Qué es un testamento y por qué es importante? Un testamento es un documento legal en el que una persona expresa su voluntad sobre el destino de sus bienes y derechos tras su fallecimiento. Este documento permite designar herederos y legatarios, evitar la aplicación estricta de las normas de sucesión intestada, proteger a personas vulnerables como menores de edad o personas con discapacidad, y reducir posibles conflictos entre familiares. La importancia del testamento radica en que permite que tu patrimonio se distribuya conforme a tus deseos, evitando incertidumbres y garantizando una transición más sencilla para tus herederos. En ausencia de testamento, se aplica la sucesión intestada, regulada por el Código Civil. Esto implica que los bienes se repartirán entre los parientes más cercanos según el orden legal, lo que puede generar discrepancias y malentendidos. Además, si no hay herederos, el patrimonio pasará al Estado, algo que muchas personas desean evitar. La falta de planificación también aumenta el riesgo de conflictos legales entre familiares, algo que un testamento bien redactado puede prevenir eficazmente. Tipos de testamento En España, la legislación permite varios tipos de testamentos, cada uno con sus propias características y ventajas. Es importante conocerlos para elegir el más adecuado según tus necesidades. 1. Testamento ológrafo Este testamento es redactado y firmado por el testador de su puño y letra. Aunque puede parecer una opción sencilla y económica, presenta desventajas significativas, como el riesgo de extravío o destrucción, así como una mayor probabilidad de impugnaciones judiciales. Su validez también puede cuestionarse si no cumple estrictamente con los requisitos legales, lo que lo convierte en una opción menos segura en comparación con otras alternativas. 2. Testamento abierto El testador declara su voluntad ante un notario, quien redacta el documento conforme a la ley. Este es el tipo más seguro y común, ya que garantiza la correcta interpretación de la voluntad del testador y asegura que el documento se conserve de manera adecuada. Al estar registrado por el notario, se minimizan los riesgos de pérdida o impugnación, proporcionando tranquilidad tanto al testador como a sus herederos. 3. Testamento cerrado El testador entrega su voluntad escrita al notario en un sobre cerrado. Aunque protege la privacidad del testador, este tipo de testamento es menos común debido a la complejidad de su custodia y apertura. Además, al no ser revisado directamente por el notario, existe un mayor riesgo de que contenga errores o disposiciones ambiguas que podrían generar conflictos en el futuro. Factores clave al redactar un testamento Redactar un testamento no es simplemente una cuestión de decidir quién recibirá qué. Es un proceso que requiere una planificación cuidadosa y la consideración de varios factores para garantizar que se cumplan tus deseos de manera efectiva y legal. 1. Identificar y valorar el patrimonio Es fundamental realizar un inventario detallado de todos los bienes, derechos y deudas que forman parte de tu patrimonio. Esto incluye propiedades inmobiliarias, bienes muebles, joyas, cuentas bancarias, inversiones y cualquier tipo de obligación financiera. Tener un registro claro y actualizado no solo facilita la redacción del testamento, sino que también ayuda a evitar disputas futuras entre los herederos sobre el valor o la existencia de determinados bienes. 2. Designar herederos y legatarios Una vez que tengas claro el alcance de tu patrimonio, el siguiente paso es decidir quiénes serán los beneficiarios. Es importante distinguir entre herederos, que reciben la totalidad o parte proporcional del patrimonio, y legatarios, que son personas o entidades a quienes se les asignan bienes específicos. Estas designaciones deben ser claras y estar bien definidas para evitar interpretaciones erróneas o disputas legales. 3. Respetar la legítima En España, la ley protege a ciertos herederos forzosos, como hijos, cónyuges y ascendientes, mediante la figura de la legítima. Este porcentaje del patrimonio es intocable y debe respetarse en cualquier testamento. No cumplir con esta obligación podría dar lugar a impugnaciones judiciales, por lo que es esencial tener en cuenta esta normativa al planificar tu herencia. 4. Elegir un albacea El albacea es la persona encargada de ejecutar las disposiciones del testamento y garantizar que los bienes se distribuyan conforme a la voluntad del testador. Elegir a una persona de confianza para este papel es crucial, ya que será quien supervise todo el proceso de sucesión y resuelva posibles conflictos que puedan surgir entre los herederos. Ventajas de contar con asesoramiento legal Contar con el apoyo de un abogado especializado en herencias y sucesiones es una decisión inteligente que puede marcar la diferencia en el proceso de planificación de tu testamento. Entre las ventajas principales se encuentran: Evitar errores y omisiones Un abogado experto puede ayudarte a redactar un testamento claro y acorde a la ley, garantizando que todas tus disposiciones sean legalmente válidas y ejecutables. Además, podrá identificar posibles conflictos legales o fiscales que podrían surgir y ofrecerte soluciones para evitarlos. Optimizar la fiscalidad de la herencia La planificación adecuada puede reducir significativamente la carga fiscal de los herederos. Un abogado puede asesorarte sobre estrategias como la realización de donaciones en vida o la distribución eficiente de bienes para minimizar el impacto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Garantizar la actualización del testamento Las circunstancias personales y legislativas pueden cambiar con el tiempo, por lo que es fundamental revisar y actualizar tu testamento de manera periódica. Un abogado te aconsejará sobre cómo adaptar tu documento a estos cambios, asegurándote de que siempre refleje tu situación y deseos actuales. ¿Cómo iniciar el proceso? Contactar a un abogado especializado El primer paso para redactar un testamento es buscar el asesoramiento de un profesional cualificado. Un abogado especializado,

El teletrabajo se ha consolidado como una forma de empleo esencial en el contexto actual. Sin embargo, su implementación plantea numerosos retos legales tanto para los trabajadores como para las empresas. Este artículo aborda los aspectos legales del teletrabajo, analizando los derechos y obligaciones de ambas partes según la legislación vigente en España. Regulación actual del teletrabajo La normativa principal que regula el teletrabajo en España es la Ley 10/2021, de 9 de julio, conocida como la Ley del Trabajo a Distancia. Esta ley establece las bases para garantizar una relación laboral equilibrada y proteger los derechos de los teletrabajadores. Entre sus puntos clave destacan: Definición de teletrabajo: Se considera teletrabajo cuando al menos el 30% de la jornada laboral, o su equivalente en un periodo de referencia de tres meses, se realiza a distancia. Acuerdo obligatorio: La empresa y el trabajador deben firmar un acuerdo de teletrabajo que especifique las condiciones de esta modalidad. ¿Qué incluye el acuerdo de teletrabajo? El acuerdo de teletrabajo debe contener información detallada sobre: Equipos y herramientas necesarias: Quién proporciona y mantiene los dispositivos. Horario laboral: Incluyendo reglas de disponibilidad. Compensación de gastos: Obligación de la empresa de cubrir los gastos relacionados con el teletrabajo. Lugar de trabajo: Especificar el domicilio o ubicación desde donde se realizará el trabajo. Derechos del teletrabajador 1. Derecho a la igualdad de trato Los teletrabajadores tienen derecho a las mismas condiciones laborales que los empleados presenciales. Esto incluye remuneración, tiempo de trabajo, acceso a formación y promoción profesional. 2. Derecho a la desconexión digital La legislación garantiza el derecho a la desconexión digital, que impide a la empresa exigir tareas o comunicaciones fuera del horario laboral acordado. Este derecho busca proteger la salud mental y el equilibrio entre la vida personal y profesional. 3. Derecho a la compensación de gastos La empresa está obligada a asumir los gastos derivados del teletrabajo, como los relacionados con el uso de electricidad, internet o material de oficina. La compensación debe quedar claramente especificada en el acuerdo de teletrabajo. 4. Derecho a la privacidad y protección de datos El empleador debe garantizar que las herramientas de monitorización utilizadas respeten la privacidad del trabajador. Cualquier sistema de control debe ser proporcional y estar justificado. Obligaciones del teletrabajador 1. Cumplir con los horarios establecidos El teletrabajador tiene la obligación de respetar el horario laboral acordado en el contrato. Esto incluye estar disponible durante las horas pactadas y cumplir con los plazos de las tareas asignadas. 2. Utilizar adecuadamente los recursos de la empresa Los dispositivos y herramientas proporcionados por la empresa deben ser utilizados exclusivamente para fines laborales, garantizando su buen uso y cuidado. 3. Informar sobre problemas técnicos Es responsabilidad del trabajador notificar cualquier incidencia técnica que pueda afectar el desarrollo de sus funciones. Obligaciones de la empresa 1. Proporcionar los medios necesarios La empresa debe asegurar que el teletrabajador disponga de los recursos adecuados, incluyendo dispositivos, software y soporte técnico. 2. Garantizar la formación Es obligatorio que la empresa ofrezca formación específica para que el teletrabajador pueda desempeñar sus funciones de manera eficiente, así como en materia de ciberseguridad y protección de datos. 3. Respetar la desconexión digital El empleador no puede exigir que el trabajador responda a llamadas, correos o cualquier otra comunicación fuera del horario laboral, salvo en situaciones de fuerza mayor. Aplicación práctica del teletrabajo En la práctica, la implementación del teletrabajo puede presentar retos para ambas partes. Algunas recomendaciones para facilitar su desarrollo incluyen: Establecer canales de comunicación claros: Garantizar que las instrucciones sean comprensibles y accesibles. Revisar periódicamente el acuerdo de teletrabajo: Ajustarlo según las necesidades cambiantes. Fomentar la cultura de confianza: Evitar la micro gestión y promover la autonomía del trabajador. Valero Bielsa Abogados, tu aliado en teletrabajo La regulación del teletrabajo busca equilibrar los derechos y obligaciones de trabajadores y empresas, pero su aplicación no está exenta de complejidades. En Valero Bielsa Abogados, contamos con un equipo especializado en derecho laboral que puede ayudarte a implementar el teletrabajo de manera efectiva y conforme a la ley. Si tienes dudas sobre cómo aplicar la normativa o necesitas asesoramiento personalizado, no dudes en contactarnos.

El divorcio supone una reestructuración importante en la vida familiar y patrimonial de las personas. Uno de los aspectos más delicados es el uso y disfrute de la vivienda familiar. Este bien, que en muchas ocasiones representa el centro de la vida cotidiana de los miembros de la familia, queda sujeto a una regulación específica en el marco del divorcio. En este artículo, analizamos cómo se regula este aspecto, los factores que influyen en la decisión judicial y las implicaciones para las partes involucradas. Regulación del uso de la vivienda familiar en un divorcio La normativa española establece que, tras un divorcio, el uso de la vivienda familiar se asigna según el interés prioritario de los hijos menores, si los hubiera, o de la parte más vulnerable. Esta asignación está regulada principalmente por el Código Civil y, en particular, por el artículo 96. Cuando hay hijos menores o dependientes En los casos en que existan hijos menores o dependientes, el uso de la vivienda suele atribuirse al progenitor custodio, es decir, quien tenga asignada la guarda y custodia de los hijos. Este principio busca garantizar la estabilidad de los menores, permitiéndoles permanecer en su entorno habitual. Es importante destacar que: La asignación se realiza independientemente de quién sea el propietario de la vivienda. El progenitor no custodio puede tener la obligación de contribuir al mantenimiento de la vivienda, como parte de las cargas familiares. Cuando no hay hijos o son mayores de edad Si no existen hijos menores o estos ya son mayores de edad e independientes, el juez determinará el uso de la vivienda en función de otros criterios, como: Necesidades económicas de las partes. Situación patrimonial y laboral. Acuerdos previos establecidos entre los cónyuges. En muchos casos, si la vivienda es propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, este podrá recuperar su uso tras el divorcio. Factores que influyen en la decisión judicial El juez evaluará diversos elementos antes de tomar una decisión sobre el uso de la vivienda familiar. Los principales factores incluyen: Interés superior de los hijos menores Este es el criterio primordial en la mayoría de los casos. La estabilidad emocional y el bienestar de los menores se sitúa por encima de otros intereses. Por ello, la vivienda se asigna al progenitor custodio para evitar cambios drásticos en la vida de los niños. Propiedad de la vivienda La propiedad del inmueble también es un factor relevante, aunque no determinante. Por ejemplo: Si la vivienda es bien ganancial, ambos cónyuges tienen derechos sobre ella y su destino se resolverá como parte de la liquidación del régimen económico matrimonial. Si es bien privativo, el propietario podría recuperarla una vez que dejen de concurrir las circunstancias que justifican su asignación al otro cónyuge o a los hijos. Situación económica de las partes El juez analizará las condiciones económicas de ambos cónyuges para garantizar que la decisión sea equitativa. Si una de las partes carece de ingresos suficientes, podría asignársele el uso de la vivienda de forma temporal. Acuerdos previos Los acuerdos alcanzados entre las partes mediante un convenio regulador tienen un peso significativo. Si ambas partes han pactado el destino de la vivienda, el juez respetará dicho acuerdo siempre que no vulnere derechos fundamentales. Duración del uso de la vivienda familiar El uso de la vivienda familiar no tiene por qué ser indefinido. El juez puede establecer limitaciones temporales según las circunstancias del caso. Por ejemplo: Hasta que los hijos menores alcancen la mayoría de edad o sean independientes económicamente. Durante un plazo determinado si el beneficiario necesita tiempo para reorganizar su vida o encontrar otra vivienda. Cuando cesa el derecho de uso, la vivienda puede ser: Vendida si pertenece a ambos cónyuges y no hay posibilidad de adjudicación exclusiva. Recuperada por el propietario si es un bien privativo. ¿Cómo se puede evitar un conflicto sobre la vivienda? Para evitar conflictos prolongados, es recomendable que las partes intenten llegar a un acuerdo amistoso. Algunas opciones incluyen: Negociar un convenio regulador que especifique el uso de la vivienda. Optar por una compensación económica al cónyuge que no reciba el uso de la vivienda. Considerar la posibilidad de una venta o alquiler del inmueble para repartir los beneficios. ¿Cómo puede ayudarte Valero Bielsa Abogados? La vivienda familiar es uno de los aspectos más complejos en los procesos de divorcio. El interés de los hijos menores, la situación económica de las partes y la propiedad del inmueble son factores clave que el juez analizará para tomar una decisión justa. Llegar a acuerdos previos entre los cónyuges puede facilitar el proceso y evitar conflictos innecesarios. En Valero Bielsa Abogados, contamos con una amplia experiencia en derecho familiar y podemos asesorarte sobre cómo gestionar la situación de la vivienda tras un divorcio. No dudes en contactarnos para recibir una atención personalizada y encontrar la mejor solución para tu caso.