El nuevo Registro de Viajeros, incluido en el Real Decreto 933/2021, ha suscitado un fuerte rechazo entre las empresas del sector turístico, que ven en su aplicación un riesgo para la privacidad y la viabilidad de sus negocios. Aunque el Gobierno había programado su entrada en vigor para el 1 de octubre, ha decidido posponerla hasta el 2 de diciembre tras recibir numerosas críticas por parte de hoteles, agencias de viajes y otras entidades del sector.
Un registro controversial
Este decreto impone a las empresas turísticas la obligación de recopilar y registrar información detallada sobre sus clientes en una plataforma del Ministerio del Interior. Entre los datos solicitados se incluyen información sensible como números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y relaciones familiares de los viajeros. Estos requerimientos han generado inquietud, pues muchos consideran que exceden lo necesario para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en el contexto de amenazas terroristas y crimen organizado.
Conflicto con la legislación de protección de datos
El Real Decreto plantea serias interrogantes sobre su conformidad con las normativas de protección de datos en la Unión Europea. Las regulaciones europeas, como la Directiva 2000/31/CE y la Directiva (UE) 2016/680, exigen un tratamiento riguroso de la información personal y subrayan el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Estas normativas prohíben la recolección indiscriminada de datos que no estén directamente relacionados con la identificación de los viajeros, lo que se traduce en que la legislación nacional debe alinearse con estos estándares.
Un precedente legal
Un precedente relevante es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2022, que abordó el tratamiento de datos de pasajeros y reafirmó la importancia de que cualquier sistema de recolección de datos respete los derechos fundamentales. Aunque no se puede aplicar directamente al RD 933/2021, establece un marco claro sobre la necesidad de que las medidas adoptadas sean proporcionales y temporales.
Desventajas para el sector turístico
Las empresas del sector también argumentan que el nuevo registro podría generar desventajas competitivas frente a otras que no enfrentan obligaciones similares. Esto es especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas, que representan aproximadamente el 90% del sector turístico y podrían ver aumentados sus costos operacionales y la carga administrativa. Estas exigencias podrían derivar en sanciones económicas severas por incumplimientos, afectando aún más la estabilidad financiera de estos negocios.
Incertidumbre tecnológica y operativa
La plataforma de registro prevista por el Ministerio del Interior no parece haber sido diseñada para integrarse adecuadamente con las operaciones del sector turístico. Las empresas alertan sobre la falta de adecuación tecnológica, lo que puede llevar a situaciones de inseguridad jurídica y riesgos operacionales. La implementación de este registro sin una clara estructura y apoyo técnico podría resultar en una carga adicional que ponga en peligro la continuidad de muchas empresas.
Un debate necesario
Con la fecha de implementación aproximándose, el debate en torno al nuevo registro de viajeros se intensifica. Es fundamental que se evalúen las implicaciones de esta normativa, no solo en términos de seguridad, sino también de derechos de los ciudadanos y viabilidad del sector turístico. Las autoridades deberán considerar la posibilidad de ajustar estas obligaciones a las normativas europeas, garantizando así un equilibrio entre la seguridad y la protección de datos personales.